La CIBIOGEM y la promoción de los transgénicos

Omar Arellano-Aguilar

En los últimos días, algunos medios han publicado notas informativas que pretenden hacer creer a los lectores que sólo existen dos posturas en el debate sobre los organismos genéticamente modificados (OGM): los científicos respetables protransgénicos frente a los activistas sin rigor científico. Esto es totalmente falso. Sin embargo, este argumento se está utilizando para descalificar la integración de puestos clave en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

La CIBIOGEM es una dependencia que se encarga de establecer las políticas de seguridad -en materia de biotecnología-, respecto al uso de OGM, también llamados transgénicos. Su creación obedece a la Ley de Bioseguridad de OGM, cuyo objetivo es regular las actividades de uso, comercialización, importación y exportación de OGM para prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que éstos pudieran ocasionar a la salud humana, al medio ambiente, a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

La Ley establece como bioseguridad todas aquellas acciones y medidas realizadas con el objetivo de evitar riesgos a la salud humana y a los ecosistemas, incluyendo los aspectos de inocuidad de dichos organismos destinados para el uso o consumo humano (actualmente, las empresas de alimentos no están obligadas a etiquetar sus productos OGM aun cuando éstas, en países como Estados Unidos, sí lo declaran). En este sentido, la Comisión debe velar por la bioseguridad no sólo de los mexicanos, sino de los ecosistemas del país en materia de prevención de riesgos por introgresión genética, es decir, movimiento de genes de una especie a otra o bien, de una variedad a otra de la misma especie que causan efectos irreversibles en el material genético de la especie o variedad receptora, aspecto fundamental considerando que México es reconocido como centro de origen de uno de los alimentos más importantes: el maíz.

La promulgación de la Ley y la creación de la Comisión responden, al mismo tiempo, al Protocolo de Cartagena suscrito y ratificado por el gobierno mexicano. Este Protocolo se fundamenta en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo que reconoce el Principio Precautorio. En estos términos, el Protocolo advierte acerca de los riesgos de la biotecnología y busca proteger a la diversidad biológica y la salud humana de efectos adversos. El Artículo 23 del Protocolo es fundamental para generar consciencia de los riesgos y la transparencia de la información. Dicho artículo establece que los países miembros “fomentarán y facilitarán la concienciación, educación y participación del público relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados en relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud”. Asimismo, indica que se incluye “el acceso a la información sobre organismos vivos modificados”.

Por lo anterior podemos entender la función de la CIBIOGEM y tener mayor claridad sobre los cambios fundamentales que ocurren en estos momentos. En los últimos 12 años diversas organizaciones civiles y comunidades han defendido, como nunca, el maíz mexicano, esto incluye a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que ha tenido un papel clave al poner a disposición de la sociedad toda la información científica disponible para que la opinión pública conozca sobre los riesgos de dicha biotecnología. Lo anterior contrasta con el desempeño que ha tenido la CIBIOGEM en estos años.

Al margen de las funciones por las que se creó, la CIBIOGEM ha sido un espacio al servicio de los promoventes de dichos organismos que desean su comercialización en el país. Esta Comisión ha sido omisa a los reportes científicos que advierten de la contaminación transgénica en especies nativas como el maíz o el algodón, y ha desestimado las advertencias sobre los riesgos de sembrar soya transgénica en la península de Yucatán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí consideró como violatorias del derecho a la consulta a pueblos indígenas; mismo caso al dar a conocer los riesgos del uso de la biotecnología resistente a herbicidas considerados por la Organización Mundial de la Salud como posibles cancerígenos, este es el caso del glifosato.

Hasta hace unos meses el desempeño de CIBIOGEM era cuestionable. La opinión pública debe tener claridad sobre lo que la organización debe representar en relación a las diversas posturas relacionadas con los transgénicos, y no sólo con las de sus promotores -como hasta ahora ha venido ocurriendo. Esto en razón de que se trata de un órgano de vigilancia nacional que debe ser transparente, ya que la bioseguridad, en el caso de los transgénicos, no es un asunto consensuado al interior de la comunidad científica, particularmente.

Con los nuevos cambios que se están dando al interior de la CIBIOGEM, y particularmente con los expertos que están incorporándose -cuya trayectoria científica es reconocida-, tenemos la confianza de que los objetivos por los cuales se creó la Comisión serán alcanzados: prevención de riesgos ambientales y bioseguridad por el uso y consumo de OGM en el país.