Camorra científica

Renzo D’Alessandro*

Recientemente dos de los representantes de los bloques científicos en favor de la siembra de maíz transgénico en México han utilizado un mismo argumento para defender sus posturas. Dicho argumento se basa en un meta-análisis publicado por cuatro investigadores italianos, quienes realizan una revisión de los estudios científicos producidos en los pasados 10 años sobre los organismos genéticamente modificados (OGM).

La investigación de los italianos es selectiva, pasando de 31 mil 848 referencias a mil 783 sin especificar cuáles son los criterios que utilizan para escoger lo que consideran relevante y excluir ciertos rubros temáticos incómodos (como lo son: ética científica, acceso a la información y derechos de propiedad genética, confiscación de lo vivo, geopolítica alimentaria ligada a los OGM, conflictos de intereses entre sector público y privado y erosión cognitiva de las comunidades rurales entre otros).

En su análisis los autores pretenden utilizar a la ciencia como si fuera un foro legislativo que basa sus decretos en mayorías, con la esperanza de validar una "verdad" científica por el número de textos sobre un tema. El problema de la utilización de esta regla es que en las ciencias duras, la existencia de un caso de excepción invalida la teoría. Los autores deciden ignorar la segunda edición de investigaciones científicas sobre los impactos negativos de los OGM que conjunta cientos de investigaciones y se dedican a descalificar cualquier argumento contra los OGM, utilizando las mismas muletillas: "hay poca evidencia", "la aparición de transgenes puede conferir algunas ventajas", "hasta ahora no se ha demostrado afectación", "estos resultados son problemas que existen independientemente de los OGM", "estos efectos tienen poco o bajo impacto", "se falló en probar la evidencia", etcétera.

Los autores actúan como una camorra para eliminar las evidencias contra la siembra transgénica a partir de tres engaños: 1) Se declaran como dueños del conocimiento mediante la presentación de un meta-análisis inexistente; 2) se presentan como científicos libres de conflictos de intereses, pero todo en su texto dice lo contrario (regla de mayoría inválida, no analizan otras variantes temáticas, sesgan la información, excluyen evidencia significativa, minimizan lo que no conviene) y, 3) ocultan el problema fundamental: el conflicto de intereses entre grupos de científicos y las trasnacionales biotecnológicas.

Este conflicto de intereses ha sido expuesto públicamente incluso en Estados Unidos, donde científicos independientes están cuestionando a la Academia Nacional de Ciencias por conformar un comité de especialistas con conflictos de interés, por lo que urgen, por medio de una carta, una revisión de los perfiles, orígenes y disciplinas científicas para analizar los beneficios o perjuicios de los OGM.

Igualmente en India, el gran movimiento civil contra los transgénicos ha cuestionado la objetividad del Comité de Aprobación para la Ingeniería Genética (GEAC, por sus siglas en inglés) por aprobar todos los rangos de cultivos genéticos e ignorar los desastres sociales que han generado la amplia comercialización del algodón Bt.

El meta-análisis presentado como argumento resulta poco útil ya que no cuantifica 1) Los presupuestos que se han aplicado para realizar la investigación que dan resultados en favor de los OGM comparados con los presupuestos de las investigaciones que han dado resultados sobre impactos negativos; 2) El tipo de estructura (pública, mixta o privada) a la que están adscritos los investigadores que publican artículos, y 3) las disciplinas científicas preponderantes que realizan publicaciones sobre los OGM.

Integrar estas variables demostraría que la investigación privada, principalmente de ciencias biológicas y de países productores y vendedores de transgénicos es la que construye resultados en favor de los OGM. Los responsables científicos deberían plantear la conformación de un comité científico nacional e independiente que tenga un carácter ético, que tenga interlocución directa con los legisladores y la sociedad y que permita crear presupuestos para desarrollar líneas de investigación originales y pertinentes con nuestra problemática nacional y rural.

La ciencia, dice el Profesor Shiv Visvanathan de la Escuela Jindal de Política Pública en la India, "debe ser la mediadora entre la sociedad y el Estado mediante un nuevo contrato social donde pueda replantearse constitucionalmente la naturaleza y la tecnología", para ello, "los gobiernos deben renunciar a su urgencia de complacer a las corporaciones trasnacionales y dejar de ignorar las necesidades de los campesinos en pro del futuro e ideales de la civilización".

La ciencia debe de mediar entre el Estado y la sociedad, eso no está puesto en duda, pero ¿cuál tipo de ciencia?, la que propone la camorra científica o la que proponen científicos independientes y libres de conflictos de intereses. El debate sobre la siembra comercial de transgénicos es urgente e impostergable. La sociedad mexicana merece tener información precisa sobre lo que significa la biotecnología dentro del actual contexto político que amenaza a la soberanía alimentaria, la salud, los ecosistemas, la amplia biodiversidad nativa ligada a los sistemas de conocimientos campesinos e indígenas.

* Candidato a doctor, socio-antropología, Universidad Paul Valery y Superior de Agronomía (Montpellier, Francia); miembro de la UCCS