Piden científicos desechar dictamen sobre ley de aguas

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) señalaron que la decisión de posponer la discusión de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados “no es suficiente”, y exigieron que el dictamen –ya aprobado en las comisiones legislativas– sea “desechado”.

Además, pidieron a los legisladores que se debata públicamente y de manera transparente una ley que beneficie no sólo a la sociedad y se respete el derecho humano de acceso al agua, sino también a los ecosistemas, asegurando sustentabilidad hídrica del país a largo plazo.

En conferencia de prensa, Omar Arellano-Aguilar, vicepresidente de dicha organización, que en tan sólo seis días se han reunido más de 12 mil firmas en una campaña para exigir al Congreso un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras.

Dio que aun cuando la recolección de firmas fue solamente vía Internet, esto resultados revelan que la sociedad está preocupada por lo que pretende aprobar los legisladores y demanda participar en una discusión abierta y transparente sobre la ley que habrá de regir la gestión del agua en el país durante los próximos años.

En un posicionamiento, la UCCS –organización surgida en 2006 con académicos e investigadores de los principales centros de enseñanza superior en el país– expresaron su preocupación por el contenido de la iniciativa de ley.

Luego de su análisis, la UCCS enumeró una larga lista de problemas encontrados en dicho dictamen, de entre los cuales citaron cuatro:

–Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social.

–Promueva el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos.

–Amplia los márgenes para poder contaminar el agua.

–Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.

Ante esta situación, la UCCS se sumó a los objetivos de la iniciativa de ley que presentó desde febrero pasado un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, y en la que se considera fundamentalmente el derecho humano al agua y en la que se tiene una visión de uso y manejo del vital líquido para el futuro inmediato y de largo plazo.

(Con información de La Jornada)